Un juez federal acaba de frenar temporalmente la orden del presidente Donald Trump que pone fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
Ese juez valiente es John C. Coughenour, quien dictó sentencia en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, que sostienen que la décimo cuarta Enmienda y la jurisprudencia de la Corte Suprema han consolidado la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La orden ejecutiva de Trump, que entraría en vigor el próximo 19 de febrero, busca que la ciudadanía estadounidense no sea otorgada por nacimiento, sino que dependa del estatus migratorio de los padres.
Esa decisión podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en el país, según una de las demandas. En 2022, hubo aproximadamente 255.000 nacimientos de niños ciudadanos de madres que vivían ilegalmente en el país y unos 153,000 nacimientos de padres en la misma situación, según la demanda presentada por cuatro estados en Seattle.
Es una de cinco demandas presentadas por 22 estados y varias agrupaciones de inmigrantes en todo el país. Los litigios incluyen testimonios personales de varios fiscales generales que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y nombran a mujeres embarazadas que temen que sus bebés no serán ciudadanos estadounidenses
