Santo Domingo, D. N. – El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, expresó la preocupación de esa organización política ante la alerta de seguridad emitida el pasado 30 de octubre por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, en la que advierte a los viajeros y ciudadanos estadounidenses sobre un patrón de robos, agresiones sexuales y casos de personas drogadas sin su consentimiento en la República Dominicana. Lorenzo estuvo acompañado por los miembros del Comité Político Margarita Pimentel y Melanio Paredes.
En el comunicado oficial, la Embajada de los Estados Unidos detalla los modos de operación, las ubicaciones y las consecuencias de estos hechos. Asimismo, indica que las víctimas suelen ser drogadas deliberadamente y posteriormente asaltadas o agredidas sexualmente, registrándose incluso ocasiones en las que ambos delitos ocurren en un mismo hecho.
Al fijar la posición del PLD, Lorenzo sostuvo que los señalamientos de la representación diplomática estadounidense merecen una respuesta seria del Gobierno del PRM.
«Las advertencias sobre personas drogadas, robadas y agredidas sexualmente describen riesgos que las autoridades tienen la obligación de investigar y enfrentar», expresó.
El dirigente político consideró que esta alerta pone en evidencia la incongruencia de una comunicación gubernamental que insiste en presentar la delincuencia como un problema bajo control.
«Cuando las autoridades transmiten mensajes de tranquilidad sin reconocer las amenazas que persisten, comprometen la credibilidad de las instituciones responsables de proteger a la población», manifestó.
La inseguridad y la percepción ciudadana
Lorenzo señaló que la preocupación por la inseguridad también encuentra una expresión reiterada en las encuestas de opinión pública, que sitúan este problema entre las principales inquietudes nacionales y reflejan una valoración preocupante de las condiciones de seguridad.
De acuerdo con Latinobarómetro 2026, el 57 % de los dominicanos afirma que le preocupa ser víctima de un delito todo el tiempo o casi todo el tiempo.
En ese mismo sentido, la encuesta de ACD Media, publicada en octubre, colocó la delincuencia y la inseguridad en el primer lugar de los problemas del país, con un 21.6 % de las menciones.
Entretanto, RD Elige informó en septiembre que el 71.3 % calificaba de mala la situación de seguridad. Aunque se trata de preguntas e indicadores distintos, ambos resultados revelan la importancia que tiene este asunto para la población.
«El Gobierno del PRM debe escuchar ese mensaje. Descalificar el temor ciudadano como un simple problema de percepción profundizaría la distancia entre las autoridades y la sociedad que debe creer en ellas», advirtió el vicepresidente del PLD.
Agregó que las personas necesitan poder desplazarse, trabajar, estudiar y disfrutar de los espacios públicos con confianza, por lo que corresponde a las autoridades investigar las causas de la inseguridad y ofrecer respuestas concretas.
Exigencia de transparencia y rendición de cuentas
El dirigente político afirmó que la alerta de la Embajada constituye una seria advertencia que, junto con la preocupación reflejada en las encuestas, representa razones suficientes para exigir una rendición de cuentas que vaya más allá de la presentación de cifras favorables.
«Una reducción de los homicidios es un avance que debe reconocerse y verificarse. Pero ningún indicador aislado permite demostrar el éxito general de la política de seguridad. También cuentan los robos, las agresiones sexuales, las amenazas y la capacidad de investigar los delitos y llevar a sus responsables ante la justicia», sostuvo.
En ese contexto, el PLD reclamó al Gobierno del PRM las siguientes medidas:
- Informar sobre los casos que motivaron la advertencia, respetando la privacidad de las víctimas, y explicar las investigaciones realizadas y las medidas adoptadas.
- Publicar estadísticas completas, comparables y verificables, desagregadas por delito y territorio, con metodologías claras. El partido demandó que el Ministerio de Interior y Policía y las autoridades de seguridad publiquen datos reales y actualizados sobre los delitos cometidos contra extranjeros. La organización considera que ocultar la problemática impide resolverla.
- Realizar encuestas periódicas de victimización, para conocer los delitos que no se denuncian y las dificultades que enfrentan las víctimas para acudir a las autoridades.
- Presentar medidas de prevención, investigación y atención a las víctimas, con responsables, plazos e indicadores públicos de cumplimiento.
- Establecer una regulación más estricta de las plataformas de alquiler de corta estancia, mediante un marco legal y mecanismos de fiscalización para las viviendas destinadas al alquiler turístico. Esto debe incluir protocolos obligatorios de registro de huéspedes y estándares mínimos de seguridad, como personal de vigilancia, cámaras en áreas comunes y otras medidas de protección.
- Implementar protocolos específicos frente a las modalidades delictivas señaladas en la alerta. El PLD considera que las situaciones descritas requieren requisitos mínimos de seguridad para los alquileres turísticos, protocolos toxicológicos y procedimientos de cadena de custodia, con la participación de la Policía Turística (POLITUR) y el Ministerio Público.
Sobre este último punto, Lorenzo enfatizó que las respuestas deben corresponder a las modalidades delictivas identificadas.
«La alerta de la Embajada de los Estados Unidos describe captación por aplicaciones, sumisión química en bares y asaltos en alquileres de corta estancia. Eso se responde con regulación, requisitos mínimos de seguridad para el alquiler turístico y protocolos toxicológicos y de cadena de custodia con POLITUR y el Ministerio Público, no con más patrullas en el Malecón», planteó.
La seguridad y la reputación internacional del país
El vicepresidente del PLD indicó que la confianza internacional y la reputación turística de la República Dominicana también dependen de instituciones capaces de proteger eficazmente a las personas, tanto a quienes visitan el país como a quienes viven y trabajan en él.
«El Gobierno del PRM prometió controlar la delincuencia, pero cada alerta lo desmiente. Le exigimos al Gobierno que cada delito se cuente, que cada muerte se investigue y que la seguridad de un dominicano valga lo mismo que la de un turista», expresó Lorenzo.
Finalmente, reiteró que el Partido de la Liberación Dominicana asume la responsabilidad de fiscalizar la gestión gubernamental y contribuir a la búsqueda de soluciones que respeten la ley y los derechos ciudadanos.
«Las preocupaciones de la Embajada de los Estados Unidos, así como las de los dominicanos, exigen ser escuchadas. El Gobierno del PRM debe responder con transparencia, asumir su responsabilidad y demostrar resultados que se traduzcan en seguridad cotidiana», concluyó.
